El camporista Leo Boto Alvarez, fue denunciado por malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho y tráfico de influencias, fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de hacerse pública una adjudicación de casi 500 millones a una empresa cuyo dueño se encuentra procesado y embargado en el marco de una causa que lo investiga por defraudar al Estado desde un municipio vecino.
El escrito presentado esta mañana en la justicia refiere a la investigación publicada por El Disenso con el título: “Luján: 486 millones para contratista procesado y embargado por defraudación al Estado“ en la que expusimos como Boto Alvarez le otorgó la “Reparación, Parquizado e Iluminación del Puente de Control” por casi 500 millones a la constructora de un empresario compañero que se encuentra procesado, embargado y a la espera del inicio de un juicio oral y público por sobrevaluar precios y certificar obras que no fueron cumplidas, con el objeto de defraudar al Estado.
La presentación lleva la firma del diputado Luciano Bugallo y del abogado de la Coalición Cívica Jeremías Rodríguez. En diálogo exclusivo con El Disenso, el legislador se refirió a la presentación: “Es la cuarta vez que denunciamos penalmente a Boto Álvarez y sus funcionarios por causas de corrupción, las tres denuncias anteriores vienen avanzando en la justicia, a pensar de los intentos del Intendente por frenarla. Creo que estamos ante la conformación de un banda, que aspiraba llegar al poder para enriquecerse personalmente y devolver favores a sus amigos que le permitieron llegar al gobierno“.
Por su parte, el abogado Jeremías Rodríguez arremetió fuertemente contra el funcionario público: “Ya indigna el desprecio de Boto para con los vecinos de Luján. O son una banda de ineptos o una banda de forajidos que vinieron a saquear a la ciudad. Se trata de una maniobra burda cuya sola finalidad fue adjudicarle a licitación a una empresa que no podía participar del procedimiento. El intedente dilapida el dinero de los contribuyentes en una obra innecesaria con un presupuesto escandaloso mientras el Hospital de Luján se cae a pedazos“.
Además del Intendente Boto Alvarez, la denuncia apunta también al Secretario de Economía Leonardo Santos, al Secretario de Obras e Infraestructura Daniel Domínguez, al Secretario General de la Intendencia Abel Rausch, al dueño de Tordel SA Sergio Miguel Russo y al actual presidente Maximiliano Iván Peverelli. A los delitos ya mencionados, se suma el de “declaraciones falsas en instrumento público” dado que desde la empresa Peverelli presentó una DDJJ en la que detalla que no existen inhabilitaciones para participar de la licitación, omitiendo la situación procesal que pesa sobre Russo, socio mayoritario de Tordel SA e integrante del directorio.
