Lucho Bugallo

Acusan al sucesor de Roberto Feletti de beneficiar a la empresa harinera, y piden suspender los pagos del Fondo del Trigo

Diputados de la Coalición Cívica ampliaron su denuncia penal por la falta de control de la herramienta creada para regular los precios locales.

Este lunes, los diputados por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y Luciano Bugallo ampliaron su denuncia penal por supuesta defraudación contra la administración pública, cohecho, fraude al comercio y lavado de activos, que habían formulado contra el ex secretario de Comercio Roberto Feletti a su sucesor, el ahora también renunciado Guillermo Hang. Los legisladores lo acusan de haber continuado con la -según ellos- irregular entrega de subsidios a las firmas del grupo Molino Cañuelas, bajo el cuestionado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, (FETA) el último artefacto burocrático con que el gobierno prometió «desenganchar» los precios del pan local de los aumentos internacionales del cereal causados por la guerra en Ucrania.

Según la denuncia, Hang -hombre de Martín Guzmán que luego de su renuncia fue reemplazado por Martín Pollera– «ha continuado implementado el desembolso irregular por medio de un fideicomiso con el fin de controlar el precio de la harina de trigo. Sin perjuicio de que habrían buscado ‘darle transparencia’ invitando a nuevos molinos a integrar el FETA, no ha implementado políticas de control o suspendido el desembolso de sumas millonarias de dinero del Estado dirigido a los Molinos aquí denunciados, los cuales claramente no cumplen los requisitos para contratar con el Estado Nacional.»

Aunque el objetivo del Fondo era el de reducir el precio del trigo en el país, para Campagnoli y Bugallo «los objetivos reales habrían sido beneficiar a pocos molinos, y en particular a Molino Cañuelas, otorgando fondos del Estado Nacional».

Los diputados argumentan esa conclusión en que «las harinas especiales que figuran y detallan con un precio determinado no formarían parte de lo que se denomina la mesa de los argentinos, y cuyo objetivo tendría la referida ley de emergencia Alimentaria. Solamente se vería beneficiada Molino Cañuelas, que elabora productos con las mencionadas harinas especiales, distrayendo fondos que podrían ser destinados a los fabricantes de harina 000 que son los pequeños y medianos molinos con la que se elabora el pan objetivo principal de la creación de FETA.»

Resoluciones a medida

La supuesta complicidad de los funcionarios de Comercio con este beneficio para la harinera más grande de la argentina podría rastrearse en la redacción de la Resolución 439/2022: «súbitamente se beneficiarían a las harinas refinadas con las que se elaboran productos que no forman parte de la mesa de los argentinos en su población más necesitada.»

Esa resolución 439/2022 también modificó un requisito que había establecido la previa Resolución 426/2022, en la que se establecía que el beneficiario del subsidio no debía mantener juicios contra el Estado Nacional, como los que tiene Molino Cañuelas. El texto modificado sólo dice que los beneficiarios «no deben tener conflicto de interés con el Estado Nacional.»

Esa trama de reclamos cruzados habría dejado otra huella. En la ampliación de la denuncia penal que ya tramitan el fiscal Ramiro González y el juez Ariel Lijo, se sostiene que «el encargado de administrar el fideicomiso presenta claros y concretos conflictos de intereses con Molino Cañuelas, ya que sería uno de los principales acreedores presentados en el concurso preventivo que dicha empresa tiene abierto.»

Otra de las irregularidades denunciadas por los legisladores opositores apunta a la supuesta falta de cumplimiento de un circuito administrativo previsto por las resoluciones que organizaron el FETA, y necesario para darle luz verde a los desembolsos de dinero.

Una empresa multada y premiada

Otras aristas de la acusación conectan el escenario actual con anteriores sospechas y denuncias contra el conglomerado harinero cuando recibía subsidios de la oscurísima ONCCA durante el gobierno de Cristina Kirchner, y recuerda que el grupo empresario integrado por Compañía Argentina de Granos y Molino Cañuelas «poseen deudas millonarias, encontrándose incluso concursadas y siendo Molinos Florencia la única empresa del conglomerado que se encuentra en situación financiera y legal regular. En definitiva, lo irrefutable es que el mismo FETA sería un sistema para resguardar a Cañuelas de la quiebra inyectando fondos que no entrarían a la masa concursal

Por último, el expediente que ya tiene a Feletti como imputado por el fiscal también deberá analizar un expediente tramitado ante la Comisión de Defensa de la Competencia -que hasta ahora irregularmente depende de la Secretaría de Comercio- en el que se le reconoció un papel preponderante a Molinos Cañuelas tras la compra de siete plantas correspondientes a Cargill. A través de la resolución 332/22, firmada en abril pasado, se multó a Molino Cañuelas por 150 millones de pesos, «para luego otorgarle una compensación -el 20 de mayo- de más de mil millones de pesos».

«En definitiva, terminaría siendo el propio Estado quien le reconoce todas las características abusivas, (posición dominante, abuso de esa posición dominante, de manejo del mercado por su elevada participación en el mismo, por su capacidad de sujetar a los molinos pequeños, su poder de coerción) y en consecuencia se la habría terminado beneficiando con el pago de un anticipo de un subsidio por más de mil millones de pesos en un trámite exprés, entre el 5 de mayo del 2022 y 20 de mayo del 2022», concluye la denuncia. El pago fue de exactamente 1.000.098 pesos.

Campagnoli y Bugallo piden que,» a fin de evitar que se continúen abonando sumas millonarias desembolsadas desde las arcas del Estado Nacional y las que son percibidas por empresas que se encontrarían en flagrante violación a los requisitos para contratar con el Estado, venimos a solicitar que se adopten medidas cautelares a fin de evitar se continúen comprometiendo fondos públicos.» Es decir, que la justicia suspenda el pago de nuevos montos a través del Fondo del Trigo.

«Es muy burda la estructura armada por Feletti para direccionar fondos públicos a Molino Cañuelas, con el único objeto de rescatarlos de la quiebra, generando una situación de competencia desleal en desmedro de toda la industria molinera nacional. La continuidad del FETA (Fondo Estratégico del Trigo Argentino) después de la renuncia de Feletti, de Hang y ahora en manos de Pollera, demuestra que la orden de crear este fideicomiso a la medida de Cañuelas viene directamente del Instituto Patria«, dice a Clarín el diputado provincial Luciano Bugallo.

«La excusa de la guerra de Ucrania y del precio internacional del trigo les vino como anillo al dedo, pero no es más que una bruta mentira y el borrador del fideicomiso circulaba desde el año pasado por varios pasillos, buscando la firma que lo pusiera en vigencia. Las pruebas del relato de garantizar el precio del pan están hoy a la vista, ya que el precio del trigo cayó un 40% en el último mes, pero el pan aumentó un 3,4% al público. ¿Pero cómo, no era que el pan subía por el alto precio del trigo? Hoy el trigo cuesta lo mismo que en febrero, pero el pan está un 38% más caro», razona el diputado de la Coalición Cívica.

Cuando Clarín publicó la primera denuncia de los legisladores, desde Molinos Cañuelas explicaron que además de ella ya se encontraban tramitando su ingreso al FETA más de veinte empresas molineras, «que recibirían los mismos beneficios que Molino Cañuelas: el pago de un anticipo equivalente al 75% de la primera compensación estimada de cada molino en función de su molienda, que deberá ser devuelto por los molinos con el pago de la primera compensación y con la última, al finalizar el sistema en diciembre de este año.»

«Negamos categóricamente todas las manifestaciones que indican que Molino Cañuelas tiene algún beneficio, puesto que el sistema es equitativo y tiene las mismas condiciones para todos los molinos que se adhieran al mismo», aclaraba la firma en un comunicado.

CLARIN